“La unidad industrial gigante, perfectamente burocratizada, no solamente desaloja a la pequeña empresa y de volumen medio y «expropia» a sus propietarios, sino que termina también por desalojar al empresario y por expropiar a la burguesía como clase”.
J. A. Schumpeter “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, 1942.
La concentración del poder, la propiedad, el capital y la riqueza siempre han estado en manos de un grupo muy reducido. La desigualdad y la explotación de la mayoría por una minoría han sido la norma de la historia occidental. Cuando pensamos en las grandes corrientes de pensamiento de las que bebe occidente, tenemos que tener en cuenta, que aunque muchas de ellas han estado plagadas de las mejores intenciones para el género humano, éstas han sido aplicadas a esa reducida minoría que ostentaba el poder o que lo alcanzó. Los preceptos de la democracia liberal durante la mayor parte del S.XIX y bien entrado el S.XX solo fueron efectivos para un 10% de la población. La élite económica y financiera. Ese diez por ciento que se consideraba superior al resto y no estaba dispuesto a compartir el poder ni el bienestar. Los privilegios del Antiguo Régimen nunca fueron borrados por completo.
Por tanto, cuando muchos de nuestros compatriotas quieren echarse en los brazos de la superioridad moral de Europa u otras naciones y entidades supranacionales, deben sopesar a quienes sirven éstas. En el caso español existen peculiaridades y características propias, pero lo que nos ha ocurrido durante estas últimas décadas se encuadra dentro de una dinámica mucho mayor: la globalización neoliberal. Como dijimos en el anterior artículo esta ideología tomó forma en la década de los 50 del siglo pasado y se puso en práctica a partir de los 70, lo que supuso una brutal amplificación de las desigualdades económicas y sociales – regresando la concentración de riqueza del 1% más rico a niveles de 1929 – que ya existían e hizo saltar por los aires todas las normas, regulaciones y límites impuestos al capitalismo desde la década de 1930. Las políticas fracasadas que nos llevaron a otra guerra mundial y a la mayor crisis económica del capitalismo estaban triunfalmente de vuelta como si nunca hubieran sido aplicadas.
En nuestro país, los caballos de Troya infiltrados en la administración pública, yendo contra el interés de sus ciudadanos han conseguido descapitalizar el Estado español hasta límites insospechados. Han vendido el patrimonio público a precio de saldo a las mismas personas que les sostienen entre bambalinas. Su actuación está marcada por el tráfico de influencias, la prevaricación, el conflicto de intereses, el soborno, el engaño, la deshonestidad, ilegalidades e inmoralidades sinfín. Pero, para hacer esto, no han estado solos. Han contado con el apoyo de los grandes medios de comunicación, muchos profesores universitarios y pseudoexpertos deshonestos. Antes, han debido crear el marco conceptual – valiéndose de las grandes sumas de dinero que habían puesto a su disposición sus señores – para perpetrar el saqueo de las arcas públicas. No han tenido ni tienen la más mínima vergüenza, pizca de honradez u honestidad. Ni buen gobierno ni conflicto de intereses. Unas acciones que nos han llevado a la quiebra como país.
Desde 1984 a 1995, con el gobierno del PSOE, se ingresaron 13.200 millones de euros en más de 70 operaciones de privatización de empresas públicas. Durante esta época se privatizó Enagás; se vendió el 91% de las acciones de la empresa Gas Natural; se sacaron de Repsol los activos pertenecientes al gas, compañía cuya privatización comienza en 1989. La segunda ola de privatizaciones llegó con la subida al poder del PP, momento en el que se privatizaron los últimos activos que tenía el Estado en los sectores más estratégicos para la economía nacional. De 1996 a 2007 se ingresaron alrededor de 30.000 millones por la privatización de unas 50 empresas de una importancia tal como: Telefónica, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Ence, Indra, CASA, Endesa, Aldeasa, Iberia, etc. Por tanto, el gobierno español deja de tener presencia en sectores de enorme importancia para el país como la energía (gas, petróleo, electricidad, etc.), aeronáutica, con la importancia intrínseca que tiene para el avance en innovación, ciencia y tecnología; telecomunicaciones; transporte (aéreo, carretera y marítimo) o siderurgia. Lo que nos ha llevado a que nuestro sector industrial haya pasado de pesar el 36% del PIB hace 37 años, al ínfimo 15% actual.
Lo peor de todo esto es ver cómo se colocan en los consejos de administración y la presidencia de estas empresas a compañeros de colegio, amigos, familiares, personas afines o miembros del partido. La mayor gravedad es que estas privatizaciones han estado plagadas de corrupción y alta traición. El Estado ha sufrido uno profundo empobrecimiento perpetrado por supuestos servidores públicos que tenían que velar por el interés general. Estas empresas fueron saneadas y modernizadas destinando enormes sumas de dinero público al desarrollo de infraestructuras y reestructuraciones de plantillas (léase, despidos y EREs); una vez, hecho esto fueron regaladas a un precio irrisorio a los grupos de poder oligárquicos tradicionales (léase, monárquicos y franquistas) y a inversores extranjeros. Las inversiones estatales, por tanto, no redundaron en sus ejecutores – los contribuyentes – que renunciaron a los beneficios que están empresas obtendrían en el futuro, sino que engrosaron las cuentas corrientes de agentes privados que no habían asumido ningún riego ni inversión. Cuando estos grupos apoyados por su medios de comunicación sacan a relucir un cínico patriotismo y nacionalismo después de haber cometido la más alta traición a sus ciudadanos, debemos recodar que gran parte de los activos de estas empresas están ya en manos extranjeras o que nuestra política depende de los dictados alemanes.
El negocio fue redondo. El monopolio público se convirtió en privado. Los precios dejaron de estar regulados pero los beneficios estaban garantizados en un mercado cerrado a la competencia. Por ejemplo, el grupo público ENA, encargado de las autopistas, se privatizó en 2003. Ahora, el gobierno se ha comprometido a garantizar el 80% de los ingresos de las concesionarias de autopistas al borde de la quiebra. Les suenan sus nombres: ACC, FCC, Ferrovial, SACYR, etc. Empresas con tentáculos en las obras públicas, inmobiliario, agua potable, hospitales, servicios, aeropuertos, etc. Con los oligopolios nacionales los precios del combustible, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua, la alimentación, etc. no paran de subir y las familias se encuentran cada vez más ahogadas, cautivas de la necesidad de consumir unos bienes que son básicos en manos de monopolios privados.
Las familias españolas pagan la tercera electricidad más cara de Europa, durante la crisis ésta ha subido un 46% frente al 12% de la media europea. A pesar de los enormes beneficios que cosechan las eléctricas, el gobierno Aznar les concedió diversos beneficios: los Costes de Transición a la Competencia ¿Qué competencia? ¿Contra quién? ¿Qué costes? y el déficit de tarifa ¿Qué déficit?. Igualmente, la gasolina ha subido un 75% desde que comenzó la crisis y 3 petroleras controlan el 83% de las gasolineras. Lo mismo podemos decir de las telecomunicaciones, las más caras de Europa con un servicio muy pobre; o de la privatización del 50% del agua potable municipal a manos de 3 empresas: la francesa Agbar, FCC y Acciona. Para terminar, el subvencionado mercado de la alimentación en escalada constante de precios está controlado por 7 empresas.
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