“La unidad industrial gigante, perfectamente burocratizada, no solamente desaloja a la pequeña empresa y de volumen medio y «expropia» a sus propietarios, sino que termina también por desalojar al empresario y por expropiar a la burguesía como clase”.
J. A. Schumpeter “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, 1942.
La concentración del poder, la propiedad, el capital y la riqueza siempre han estado en manos de un grupo muy reducido. La desigualdad y la explotación de la mayoría por una minoría han sido la norma de la historia occidental. Cuando pensamos en las grandes corrientes de pensamiento de las que bebe occidente, tenemos que tener en cuenta, que aunque muchas de ellas han estado plagadas de las mejores intenciones para el género humano, éstas han sido aplicadas a esa reducida minoría que ostentaba el poder o que lo alcanzó. Los preceptos de la democracia liberal durante la mayor parte del S.XIX y bien entrado el S.XX solo fueron efectivos para un 10% de la población. La élite económica y financiera. Ese diez por ciento que se consideraba superior al resto y no estaba dispuesto a compartir el poder ni el bienestar. Los privilegios del Antiguo Régimen nunca fueron borrados por completo.
Tanto el capitalismo como la democracia liberal – censitaria en sus inicios – utilizaron a las masas para alcanzar el poder o mantenerlo, pero apartaron inmediatamente a éstas, porque, siempre tuvieron el temor de que quisieran alcanzar algún día los mismos derechos y beneficios de los que ellos gozaban. Hasta principios del S.XX la mujer no podía votar; los negros en EEUU tuvieron que luchar por sus derechos civiles en los años 60 del siglo pasado, un siglo antes hubo que recurrir a una guerra civil plagada de intereses económicos para abolir – legalmente, nunca de hecho – la esclavitud; los trabajadores fueron recurrentemente explotados y reprimidas sus demandas laborales, etc. Solo las ideas socialistas, libertarias, el movimiento y la lucha obrera, el miedo al comunismo, etc. – nacidos todos igualmente de la heterogeneidad de las ideas ilustradas –, el desastre de las guerras mundiales, la crisis económica de 1929 y los totalitarismos obligaron a una parte de esa oligarquía a poner límites al “capitalismo salvaje” o el “laissez faire” para poder mantener en pie el sistema.Por tanto, cuando muchos de nuestros compatriotas quieren echarse en los brazos de la superioridad moral de Europa u otras naciones y entidades supranacionales, deben sopesar a quienes sirven éstas. En el caso español existen peculiaridades y características propias, pero lo que nos ha ocurrido durante estas últimas décadas se encuadra dentro de una dinámica mucho mayor: la globalización neoliberal. Como dijimos en el anterior artículo esta ideología tomó forma en la década de los 50 del siglo pasado y se puso en práctica a partir de los 70, lo que supuso una brutal amplificación de las desigualdades económicas y sociales – regresando la concentración de riqueza del 1% más rico a niveles de 1929 – que ya existían e hizo saltar por los aires todas las normas, regulaciones y límites impuestos al capitalismo desde la década de 1930. Las políticas fracasadas que nos llevaron a otra guerra mundial y a la mayor crisis económica del capitalismo estaban triunfalmente de vuelta como si nunca hubieran sido aplicadas.
Entonces comenzó el ataque al sector público, al Estado, por su ineficacia y esclerosis. Las justificaciones para desguazarlo, el desprestigio de la política para al mismo tiempo tomar la misma y expulsar a los ciudadanos de la vida pública. Cuando abogaban por un Estado más pequeño en pos de la libertad individual estaban, realmente, construyendo un Estado privado que protegería a los grandes monopolios privados en el nuevo imperialismo y colonialismo que se avecinaba o continuaba con aun mayor énfasis. En palabras de Thomas L. Friedman, ex consejero del gobierno Clinton: “La mano invisible del mercado no funcionará jamás sin un puño invisible. McDonald’s no puede extenderse sin McDonnell Douglas, el fabricante del F-15. El puño invisible que garantiza la seguridad mundial de las tecnologías de Silicon Valley es el ejército, la fuerza aérea, la fuerza naval y el cuerpo de marines de Estados Unidos”. Esta ideología de Estado es la que ha posibilitado que se permitan las acciones y los crímenes más abyectos vestidos de una falsa libertad por parte de los poderes financieros y sus monopolios transnacionales.
Desde 1984 a 1995, con el gobierno del PSOE, se ingresaron 13.200 millones de euros en más de 70 operaciones de privatización de empresas públicas. Durante esta época se privatizó Enagás; se vendió el 91% de las acciones de la empresa Gas Natural; se sacaron de Repsol los activos pertenecientes al gas, compañía cuya privatización comienza en 1989. La segunda ola de privatizaciones llegó con la subida al poder del PP, momento en el que se privatizaron los últimos activos que tenía el Estado en los sectores más estratégicos para la economía nacional. De 1996 a 2007 se ingresaron alrededor de 30.000 millones por la privatización de unas 50 empresas de una importancia tal como: Telefónica, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Red Eléctrica, Aceralia, Ence, Indra, CASA, Endesa, Aldeasa, Iberia, etc. Por tanto, el gobierno español deja de tener presencia en sectores de enorme importancia para el país como la energía (gas, petróleo, electricidad, etc.), aeronáutica, con la importancia intrínseca que tiene para el avance en innovación, ciencia y tecnología; telecomunicaciones; transporte (aéreo, carretera y marítimo) o siderurgia. Lo que nos ha llevado a que nuestro sector industrial haya pasado de pesar el 36% del PIB hace 37 años, al ínfimo 15% actual.
Lo peor de todo esto es ver cómo se colocan en los consejos de administración y la presidencia de estas empresas a compañeros de colegio, amigos, familiares, personas afines o miembros del partido. La mayor gravedad es que estas privatizaciones han estado plagadas de corrupción y alta traición. El Estado ha sufrido uno profundo empobrecimiento perpetrado por supuestos servidores públicos que tenían que velar por el interés general. Estas empresas fueron saneadas y modernizadas destinando enormes sumas de dinero público al desarrollo de infraestructuras y reestructuraciones de plantillas (léase, despidos y EREs); una vez, hecho esto fueron regaladas a un precio irrisorio a los grupos de poder oligárquicos tradicionales (léase, monárquicos y franquistas) y a inversores extranjeros. Las inversiones estatales, por tanto, no redundaron en sus ejecutores – los contribuyentes – que renunciaron a los beneficios que están empresas obtendrían en el futuro, sino que engrosaron las cuentas corrientes de agentes privados que no habían asumido ningún riego ni inversión. Cuando estos grupos apoyados por su medios de comunicación sacan a relucir un cínico patriotismo y nacionalismo después de haber cometido la más alta traición a sus ciudadanos, debemos recodar que gran parte de los activos de estas empresas están ya en manos extranjeras o que nuestra política depende de los dictados alemanes.
El negocio fue redondo. El monopolio público se convirtió en privado. Los precios dejaron de estar regulados pero los beneficios estaban garantizados en un mercado cerrado a la competencia. Por ejemplo, el grupo público ENA, encargado de las autopistas, se privatizó en 2003. Ahora, el gobierno se ha comprometido a garantizar el 80% de los ingresos de las concesionarias de autopistas al borde de la quiebra. Les suenan sus nombres: ACC, FCC, Ferrovial, SACYR, etc. Empresas con tentáculos en las obras públicas, inmobiliario, agua potable, hospitales, servicios, aeropuertos, etc. Con los oligopolios nacionales los precios del combustible, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua, la alimentación, etc. no paran de subir y las familias se encuentran cada vez más ahogadas, cautivas de la necesidad de consumir unos bienes que son básicos en manos de monopolios privados.
Las familias españolas pagan la tercera electricidad más cara de Europa, durante la crisis ésta ha subido un 46% frente al 12% de la media europea. A pesar de los enormes beneficios que cosechan las eléctricas, el gobierno Aznar les concedió diversos beneficios: los Costes de Transición a la Competencia ¿Qué competencia? ¿Contra quién? ¿Qué costes? y el déficit de tarifa ¿Qué déficit?. Igualmente, la gasolina ha subido un 75% desde que comenzó la crisis y 3 petroleras controlan el 83% de las gasolineras. Lo mismo podemos decir de las telecomunicaciones, las más caras de Europa con un servicio muy pobre; o de la privatización del 50% del agua potable municipal a manos de 3 empresas: la francesa Agbar, FCC y Acciona. Para terminar, el subvencionado mercado de la alimentación en escalada constante de precios está controlado por 7 empresas.
Por tanto, podemos concluir, que el Estado español vendió sus últimas participaciones en Telefónica – entre 1987 y 1997 – por unos 5.468 millones de euros, prácticamente, los beneficios que da Telefónica en uno o dos años. Parece que la privatización fue todo un éxito, pero no para el conjunto de los españoles. Este cálculo lo podemos extrapolar a todas las grandes empresas públicas vendidas y nos podremos hacer una idea de los miles de millones dilapidados. Sólo las compañías eléctricas ganaron de 2006 a 2011, 52.300 millones de euros. Ahora, está en marcha la última ronda de desposesiones en contra del interés general de los españoles: AENA, RENFE, el sistema sanitario público, el metro de Madrid, Loterías, el AVE, puertos, agua potable, transportes públicos, etc. Son empresas y servicios públicos cuyo valor es incalculable. 
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